El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para los viajes oficiales al exterior de los funcionarios, con el objetivo de reducir gastos, agilizar trámites y limitar el tamaño de las comitivas.
La medida quedó oficializada este martes a través de la Decisión Administrativa 9/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno.
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Entre los principales cambios, la norma reasigna quién debe aprobar cada viaje, exige la presentación de un nuevo formulario y fija un límite máximo de personas por delegación.
Además, establece criterios más estrictos para la emisión de pasajes aéreos y determina qué funcionarios pueden acceder a la clase ejecutiva.
A partir de ahora, solo el jefe de Gabinete podrá aprobar los traslados al exterior de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango de ministro. Para jerarquías inferiores, la autorización quedará en manos de ministros, secretarios o titulares de organismos descentralizados.
Además, cada viaje deberá formalizarse mediante un “Informe de Planificación de Gestión Internacional”, que tendrá que ser firmado por el funcionario que viaja (si es subsecretario o superior) o por su superior jerárquico, junto con la autoridad que aprueba el traslado.
Este informe debe enviarse a la Jefatura de Gabinete al menos diez días hábiles antes del viaje, salvo casos excepcionales debidamente justificados.
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el tope para las comitivas oficiales: solo se permitirá un funcionario o autoridad por cada evento o actividad internacional. Si se necesita sumar más integrantes, deberá justificarse con una “exigencia excepcional” y la fundamentación correspondiente.
En cuanto a los pasajes, el Gobierno estableció un sistema de grupos:
La norma también aclara que cualquier cambio de clase deberá ser abonado por el propio funcionario y que el nuevo régimen rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
Según el texto oficial, la decisión apunta a “reducir cargas operativas, optimizar los procesos internos y promover una gestión eficiente de los recursos del Estado Nacional”. También busca “simplificar los circuitos administrativos” relacionados con las misiones y comisiones oficiales al exterior.
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