El reciente anuncio del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora Kathy Hochul sobre la implementación de un nuevo impuesto a las segundas residencias, conocido como “pied-à-terre”, ha generado una ola de críticas desde diversos sectores económicos y políticos.
La propuesta establece un tributo adicional para viviendas secundarias de uno a tres familias, valoradas en USD 5 millones o más, como parte de los esfuerzos para cubrir el déficit presupuestario de USD 5.400 millones que enfrenta la ciudad.
Entre las principales voces en contra al impuesto figuran el sector inmobiliario, líderes financieros y representantes políticos. Esta semana, el presidente Donald Trump criticó abiertamente el impuesto propuesto por Mamdani y, desde su cuenta en Truth Social, afirmó: “Lamentablemente, el alcalde Mamdani está DESTRUYENDO Nueva York. ¡No tiene ninguna posibilidad! Estados Unidos no debería contribuir a su fracaso. Solo empeorará. Las políticas de IMPUESTOS, IMPUESTOS, IMPUESTOS son un ERROR TOTAL”.
Otros dirigentes políticos también manifestaron su rechazo, reportó The New York Post. El ejecutivo conservador Bruce Blakeman ironizó que la promesa de no subir impuestos de la gobernadora Kathy Hochul “expiró más rápido que las familias que huyen de la crisis de asequibilidad”. La representante republicana Nicole Malliotakis acusó a Hochul de “decir una cosa y hacer otra”, mientras que Vito Fossella, presidente del distrito de Staten Island, afirmó que “perseguir y castigar la riqueza no soluciona el problema”, sino que constituye una “maniobra” que repite patrones responsables de la pérdida de población, empresas e inversiones.
El empresario e inversionista Kevin O’Leary, conocido por su participación en el programa Shark Tank, calificó la iniciativa como “la política más estúpida que he visto en bienes raíces” y sostuvo que los propietarios de estas propiedades ya pagan impuestos sin hacer uso de los servicios públicos. O’Leary advirtió que una presión fiscal elevada incentiva la migración de contribuyentes hacia estados con una carga tributaria menor.
Por su parte, según The New York Post, James Whelan, presidente del Real Estate Board of New York, sostuvo que la medida “ignora el daño económico real que causaría” y advirtió que “no puede adoptarse sin provocar un daño significativo a los residentes cotidianos”. Otros referentes del sector señalaron que el impuesto podría desalentar la inversión, impactar el empleo y perjudicar actividades relacionadas como el comercio y el entretenimiento.
Asimismo, de acuerdo con USA Today, Andrew Rein, presidente de Citizens Budget Commission, afirmó que el impuesto “será difícil de implementar” y no reemplaza una reforma fiscal integral. Incluso sectores que apoyan la medida, como el Met Council on Housing, reconocen que la recaudación estimada de USD 500 millones resulta insuficiente frente al déficit actual.
En redes sociales, la reacción evidenció el rechazo de numerosos usuarios al nuevo impuesto. En X, el usuario Frank J. Fleming escribió: “Cualquiera que se entusiasme porque otros paguen más impuestos es una persona patética, codiciosa y un mal estadounidense”, mensaje que obtuvo 2.000 me gustas.
El impuesto se aplica a viviendas de una a tres familias, condominios y cooperativas que no se utilizan como domicilio principal, sino como segundas residencias. El objetivo es que los propietarios de este tipo de inmuebles contribuyan proporcionalmente al financiamiento de los servicios públicos de la ciudad.
La estructura del impuesto es progresiva y varía según el valor de mercado del inmueble:
De acuerdo con la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York, el gravamen anual promedio para cooperativas y condominios se situará entre USD 10.000 y USD 12.000, lo que representa cerca del 0,2% del valor de mercado típico. En el caso de viviendas unifamiliares, la mediana del impuesto alcanza los USD 30.000, equivalente al 0,53%. Estos valores pueden modificarse según la versión final que apruebe la Legislatura estatal.
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