El consumo de cannabis mantiene una tendencia en aumento en Costa Rica, de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que señala que el 73.7% de los decomisos policiales de marihuana durante los últimos siete años corresponden a cantidades mínimas destinadas al uso personal, mientras una mayoría de la población continúa rechazando la legalización recreativa. La investigación, fundamento del actual debate legislativo sobre el Proyecto de Ley Expediente 23.383 presentado en 2022, evidencia que la criminalización no ha contenido el acceso ni el consumo y cuestiona la eficacia de las políticas prohibicionistas.
Entre 2015 y 2022, el consumo de cannabis en la población costarricense creció un 2.2%, según el informe de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED. El documento, elaborado por Roberto Salas Sánchez, profesor e investigador universitario, detalla que el 19.9% de la población ha probado cannabis alguna vez y el 4.4% lo hizo en el último mes. Estas cifras reflejan un patrón de incremento sostenido, en un contexto legal donde el cultivo, producción y consumo de cannabis psicoactivo siguen siendo restringidos para adultos.
La mayoría de los decomisos, con un 73,7%, corresponde a cantidades entre 0,01 y 1 gramo, lo cual, según el estudio, “la criminalización afecta principalmente a personas consumidoras, mientras que el mercado ilegal sigue activo y en crecimiento”, afirma Salas Sánchez. Estas acciones policiales, centradas en usuarios de pequeñas cantidades, contrastan con el objetivo de atacar el tráfico a gran escala.
El análisis sostiene que se requieren nuevas políticas públicas basadas en la salud y los derechos humanos. Desde la investigación se plantea reorientar la política hacia modelos enfocados en la reducción de riesgos.
El informe indica que el 74.9% de la población costarricense se opone a la legalización total del cannabis para fines recreativos. La aceptación aumenta en los usos médicos, con un 64.3%, y científicos, con un 61.1%, según encuestas recientes de la UNED.
La propuesta presentada en octubre de 2022 por el gobierno, denominada Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo, activó una discusión en la Asamblea Legislativa y entre diversos sectores sociales. El texto aspira a regular cultivo, distribución y consumo, aunque enfrenta resistencia por dudas sobre su legalidad y el posible impacto social.
Según Karen Jiménez Morales, encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, “es fundamental promover un debate nacional informado, sustentado en evidencia científica y alejado de estereotipos o valoraciones subjetivas, incorporando el análisis de las experiencias de países que han regulado el consumo de marihuana”.
En 2023, las ONG autorizadas por el IAFA atendieron a 2,705 personas por consumo problemático de sustancias. De ellas, solo el 9.6% reportó problemas vinculados al cannabis, frente a un 45% asociadas al consumo de alcohol, según cifras recopiladas por la UNED.
El sistema de emergencias 911 registró más de 2,000 llamadas mensuales relacionadas con incidentes de drogas, lo que equivale a un promedio de 74 reportes diarios. La mayoría de estas comunicaciones corresponde a presencia o consumo de drogas ilegales en un entorno de alta represión en materia de seguridad.
En los colegios, la Encuesta Nacional en población de secundaria (2021) muestra una incidencia anual de consumo de cannabis del 2.9%, con mayor prevalencia en hombres y en estudiantes de los grados superiores, alcanzando un 8.8% en duodécimo año.
Estos datos sustentan, según la UNED, la posición de que el consumo es un fenómeno estructural y que las políticas actuales no han conseguido limitar ni el acceso ni la expansión de la sustancia.
El informe destaca la necesidad de abrir un debate nacional informado y contempla las lecciones de países que han regulado la marihuana. Entre los argumentos a favor de la regulación, Jiménez Morales resalta la generación de ingresos fiscales dirigidos al fortalecimiento de la atención de adicciones, la salud pública y la prevención del crimen organizado. También advierte que la regulación del cannabis puede reducir riesgos ligados a sustancias como el fentanilo, aunque no elimina el tráfico de otras drogas ni asegura una baja significativa en la violencia.
La UNED concluye, en palabras de Salas Sánchez, que “el consumo de cannabis es una realidad creciente” en Costa Rica y que se necesita un enfoque de reducción de daños desde la salud pública y los derechos humanos.
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