Por primera vez en más de una década, el Gobierno de Estados Unidos excluyó este jueves a la Argentina de la Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria), la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual.
La decisión, contemplada dentro de los compromisos asumidos por la Argentina en el acuerdo comercial entre ambos países, suaviza las observaciones que rigen hace más de tres décadas por incumplimientos a los derechos de autor y patentes en el comercio.
Así, la Argentina fue removida de la “lista negra” de Estados Unidos y fue trasladada a la Watch List (Lista de Vigilancia), donde continuará bajo monitoreo norteamericano mientras el país avanza con los compromisos firmados en el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambas naciones en febrero de 2026.
“Después de más de 25 años, Argentina mejora su estatus resultado de las políticas del Gobierno de Javier Milei”, celebró en sus redes el canciller Pablo Quirno, tras la publicación del último informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
Por su parte, la embajada argentina en Washington consideró que la medida norteamericana fue “un reconocimiento a las mejoras recientes en la protección y aplicación de la propiedad intelectual y una señal positiva para la inversión y la innovación”.
De acuerdo al informe de la entidad norteamericana, la mejora en la calificación argentina responde a los compromisos asumidos por el Gobierno de Javier Milei para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de medidas contra el robo de la misma.
Esos compromisos incluyeron el aumento de operativos e incautaciones “en mercados y centros de distribución notorios”, junto con el desarrollo de una estrategia nacional de aplicación para combatir la piratería y la falsificación.
Según el texto, el Gobierno argentino también se comprometió a “investigar y perseguir penalmente a los operadores de sitios web radicados en la Argentina dedicados a la piratería comercial de derechos de autor”.
En paralelo, el país avanzó con la preparación de informes sobre la factibilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de las demoras en el proceso de concesión de patentes; además de fortalecer la aplicación penal garantizando penas disuasorias con multas más elevadas y penas de prisión por falsificación a cargo de redes criminales organizadas.
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A su vez, el Gobierno también se comprometió a crear un organismo de coordinación entre las agencias de aplicación de Propiedad Intelectual (PI) y evaluar la estructura institucional y las competencias de los órganos judiciales y fiscales; junto con la promesa de sancionar legislación que apoye acciones civiles efectivas, incluyendo medidas cautelares contra la piratería de derechos de autor.
Por otra parte, el organismo estadounidense destacó el avance de Argentina que implicó la derogación de limitaciones “excesivamente amplias” sobre las materias patentables en el ámbito de las patentes farmacéuticas.
Sin embargo, el informe estadounidense advirtió que “Argentina continúa presentando desafíos de larga data para las industrias intensivas en propiedad intelectual, incluidas las de Estados Unidos”.
Entre sus principales señalamientos, las autoridades norteamericanas remarcaron que los mercados físicos de La Salada y Barrio Once en Buenos Aires “volvieron a ser identificados como mercados notorios” de falsificación y piratería.
“Si bien en 2025 un fiscal federal, mediante una orden judicial, llevó a cabo 60 allanamientos simultáneos en La Salada y zonas aledañas, que resultaron en múltiples detenciones, la policía argentina generalmente no actúa de oficio y las causas penales suelen estancarse y dilatarse por excesivos formalismos. Asimismo, cuando un caso penal llega a sentencia definitiva, los infractores rara vez reciben penas disuasorias”, cuestiona el informe.
En cuanto a la piratería de derechos de autor en internet, Estados Unidos reconoce un aumento en las operaciones de alto perfil para frenar el contenido pirata, pero sin detener su crecimiento.
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En materia de patentes, sostuvieron que las limitaciones de Argentina a la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren del estándar aplicado en muchos otros países.
“Otro desafío persistente para los sectores de agroquímicos y farmacéuticos innovadores es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de prueba u otros datos no divulgados generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en esos sectores”, sentenciaron.
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