La revocación de pasaportes a padres que tienen deudas significativas por manutención infantil en Estados Unidos cobrará una nueva dimensión a partir de este viernes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la medida afectará inicialmente a aquellos que deban USD 100.000 o más, lo que —según datos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés)— equivaldrá a cerca de 2.700 titulares estadounidenses.
Funcionarios consultados por la agencia de noticias The Associated Press anticiparon que, aunque aún se recopilan datos estatales para determinar cuántos titulares de pasaportes superan la deuda mínima de USD 2.500, el universo posible es de varios miles de personas adicionales respecto a los 2.700 contemplados por la fase inicial de la medida.
Esta política, enfocada en garantizar el pago de obligaciones legales hacia los hijos, podría ampliarse en próximas semanas para incluir a todos aquellos que deban más de USD 2.500, el umbral definido por una ley federal de 1996 que hasta ahora había sido aplicada de manera limitada, informó la agencia de noticias.
Hasta la fecha, la política solo penalizaba a quienes solicitaban la renovación de su pasaporte, restringiéndoles el trámite si tenían una deuda superior al límite legal.
Bajo el nuevo esquema, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos notificará sistemáticamente al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre todas las deudas pendientes que superen los USD 2.500.
El procedimiento resultará en la revocación inmediata de los documentos de viaje a quienes estén dentro de ese rango y ya dispongan de pasaporte, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.
El mecanismo para presionar el pago de deudas de manutención infantil mostró resultados sostenidos en casi tres décadas de vigencia formal.
Desde 1998, los estados estadounidenses han recaudado más de USD 657 millones en pagos atrasados gracias a la política federal, incluyendo unos USD 156 millones en más de 24.000 pagos individuales de suma global solo en los últimos cinco años, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos consultados por la agencia de noticias The Associated Press.
Mora Namdar, subsecretaria para Asuntos Consulares, explicó a la agencia de noticias que la expansión de la medida se justifica porque es “una práctica que ha demostrado su eficacia para lograr que quienes deben manutención paguen su deuda”.
Namdar añadió que “una vez que estos padres saldan sus cuentas, pueden recuperar el privilegio de un pasaporte estadounidense”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos precisó que la revocación es temporal y que la restitución del documento depende exclusivamente del pago íntegro de los atrasos confirmados por las autoridades estatales.
Tras la publicación del avance de la política en febrero por la agencia de noticias, la administración federal registró datos que muestran que cientos de padres resolvieron sus deudas con las autoridades estatales desde que se hizo público que el Departamento de Estado comenzaría la revocación proactiva de pasaportes.
Aunque la cartera consular reconoce que no puede “confirmar la causalidad de todos esos casos”, aseguró que la intención fundamental es “obligar a estos padres a actuar correctamente tanto para sus hijos como ante la ley estadounidense”, según su declaración a la agencia de noticias The Associated Press.
Los padres a quienes se les revoque el pasaporte serán notificados de su situación, se les prohibirá el uso del documento para viajar al extranjero y deberán gestionar un nuevo pasaporte una vez que las autoridades estatales verifiquen el pago total de la deuda.
Aquellos que se encuentren fuera del país al momento de la revocación deberán presentarse en una embajada o consulado estadounidense para recibir un documento de viaje de emergencia que les permita regresar a Estados Unidos, detalló el Departamento de Estado de Estados Unidos a la agencia de noticias The Associated Press.
Esta expansión del sistema de sanciones, sustentada en la legislación de 1996, busca incrementar la efectividad de la recuperación de pagos de manutención y refuerza la potestad del gobierno federal para intervenir en obligaciones familiares incumplidas.
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