El peso de la responsabilidad a partir de los 14 años se manifiesta, sin duda, en un sistema de escalas punitivas que busca equilibrar la gravedad del hecho con la madurez del autor. Pero, a menudo, esta progresividad es clave para entender cómo operará la Justicia ante diferentes rangos etarios dentro del mismo régimen.
Uno de los puntos más críticos para conversar en casa es cómo los adolescentes se identifican entre sí, sumado a los juegos en línea, los retos y el deseo de pertenecer a un grupo, algo que a veces tiene un costo bastante alto: cuando el “juego” se convierte en delito.
La vida digital es, para el adolescente actual, tan real como su vida física. Por momentos, no puede discernir entre estar jugando en red y el aula, donde en muchos casos intenta recrear situaciones que resultan sumamente peligrosas.
Participar en una pelea física y, al mismo tiempo, grabarla o incluso subirla a redes sociales puede encuadrarse en el delito de lesiones (Arts. 89 a 91 del Código Penal). A esto se suma que el acto de filmar y difundir agrega una capa de hostigamiento y daño a la integridad moral de la víctima, algo que los jueces hoy valoran con mayor severidad.
Los adolescentes, muchas veces, actúan como cómplices. Es algo muy común y, aunque pareciera que el daño es menor, ya no es una conducta pasiva ante la ley.
Aquel que filma, alienta o distribuye el material puede ser considerado partícipe secundario o incluso instigador en ciertos contextos, especialmente si la difusión se utiliza para humillar sistemáticamente a la víctima, en situaciones de ciberbullying.
En la actualidad, vivimos en una sociedad donde “cargar” al otro sigue siendo un problema que, lamentablemente, no desapareció. Y es importante entender y analizar que las consecuencias de estas “bromas” pueden incluir procesos penales, tratamientos psicológicos obligatorios y la reparación económica de los daños causados.
Últimamente, notamos que muchos adolescentes ignoran que, con la nueva ley, serán legalmente responsables desde los 14 años y que conductas que antes “quedaban en nada” hoy podrían tener consecuencias mucho más graves.
Muchos lo ven como algo lejano, que solo ocurre en ambientes humildes o vulnerables. Pero no siempre es así. El delito no elige según la clase social: es delito al fin.
Roblox, Brainrot y los peligrosos “challenges” que invitan a robar mercadería o cometer actos de vandalismo —ya sea en el aula, el colegio, el club o la vía pública— son técnicamente delitos de hurto, robo o daño, además de conductas extremadamente peligrosas.
Con la nueva ley, un adolescente de 14 años que sustrae un objeto de un comercio como parte de un desafío está cometiendo un delito contra la propiedad, aunque muchas veces sea tomado como una broma. La Ley 27.801 establece que el objetivo de estas acciones no mitiga la responsabilidad: el hecho de que el joven planee devolver el objeto o que no tenga necesidad económica resulta irrelevante para la tipificación delictiva.
Para un adolescente de 14 años o más, esto puede significar el inicio de una causa penal que, debido a la gravedad de movilizar fuerzas de seguridad o suspender el servicio educativo, suele conllevar sanciones como monitoreo electrónico, prohibición de concurrir a determinados lugares y obligatoriedad de reparar el daño causado a la comunidad educativa.
La tecnología actual, además, permite rastrear el origen de muchos de estos mensajes incluso en redes pretendidamente anónimas, reduciendo la sensación de impunidad que antes protegía estas conductas. Estos avances también fortalecieron las investigaciones judiciales.
Si bien cada vez resulta más difícil comunicarse con los adolescentes y las pantallas muchas veces funcionan como una barrera entre adultos y jóvenes, como sociedad el desafío es entender que la responsabilidad no empieza a los 18 años, sino que se construye progresivamente.
La Ley 27.801 es una herramienta para que los adolescentes comprendan que sus actos tienen consecuencias legales, pero también es un recordatorio para los adultos sobre la necesidad de una crianza presente y atenta en un mundo donde el peligro y la ley están a solo un clic de distancia.
Sabemos que es un camino difícil, pero el diálogo sigue siendo indispensable para evitar este tipo de tragedias.
(*) Por Andrés García Vautrin - Abogado penalista
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