La defensa del expresidente Alberto Fernández consiguió acceder a la Cámara Federal de Casación Penal para que se declare nulo todo lo actuado en la investigación por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez, en la que se encuentra procesado.
La Cámara Federal porteña habilitó este martes el recurso contra la resolución que había rechazado el pedido de nulidad mientras el expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien fue apartado del caso.
Los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah concedieron el recurso.
“Si bien la homologación decidida no posee, desde lo objetivo, las condiciones de admisibilidad requeridas para la habilitación de la instancia promovida, los alcances de sus efectos y la naturaleza federal de los agravios expuestos por la presentante permiten equipararla a definitiva y considerar verificados los requisitos de fondo que habilitan la apertura de conformidad con lo dispuesto por el artículo 456, inciso 2° del Código Procesal Penal de la Nación", sostuvo el fallo, al que tuvo acceso TN.
La abogada Fernández, Silvina Carreira, planteó la nulidad de allanamientos, secuestros de dispositivos, extracción de información y de la propia resolución de procesamiento, al argumentar que existían vicios de origen.
Según la defensa, la investigación se inició a partir de chats obtenidos de manera irregular de un celular revisado en el marco de otra causa —la de Nación Seguros—, sin una orden judicial específica, lo que calificó como una “expedición de pesca”.
La Cámara Federal había rechazado previamente ese planteo. En su momento remarcó que, cuando Casación separó a Ercolini, puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento y consignó que ello era sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.
Los mismos camaristas ordenaron al nuevo juez a cargo del expediente, Daniel Rafecas, que atienda el pedido de la defensa referido a una serie de medidas de prueba que considera indispensables y que habían sido denegadas con anterioridad.
La investigación se originó a partir de una extracción de testimonios vinculada al expediente de la causa Seguros, cuando se descubrieron comunicaciones telefónicas entre la entonces secretaria privada de Fernández, María Cantero, y Yañez. Esos intercambios incluían mensajes y fotos que describían situaciones de presunta violencia de género.
Según la investigación, Fernández habría ejercido durante años distintos tipos de violencia contra Yañez, en un vínculo marcado por una fuerte asimetría de poder. El expediente sostiene que existió un patrón sostenido de violencia psicológica —incluyendo hostigamiento, control, insultos y destrato— junto con episodios de violencia física.
La acusación abarca un período amplio, que se extiende desde al menos 2016 hasta 2024, incluyendo tanto etapas previas a su llegada a la Presidencia como durante su gestión y después de dejar el cargo.
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La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento y consideró que existieron múltiples hechos que, en conjunto, configuraron un cuadro de violencia continuada que habría provocado daños en la salud de la denunciante.
De acuerdo con la calificación legal vigente, los delitos imputados contemplan penas que van de 3 a 18 años de prisión.
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