El conflicto entre el sector agropecuario y las autoridades municipales en la localidad de Colón, provincia de Buenos Aires, por el intransitable estado de la red caminera de tierra escaló a una instancia de máxima firmeza institucional.
Frente a la insistencia del Ejecutivo local para sentarse a negociar “parches coyunturales”, la dirigencia del campo decidió poner un freno categórico y exigir la apertura completa de los libros contables antes de cualquier conversación.
En una movida coordinada que combina respaldo en las bases y rigor legal, los productores argumentan que resulta imposible acordar sin conocer de antemano el destino exacto de las millonarias sumas recaudadas.
La posición quedó formalizada mediante un escrito presentado.
En diálogo con TN Campo, Estanislao Villalón detalló el origen del reclamo: “La carta fue firmada por Darío Del Basso y José Manfredini, presidente y vicepresidente de La Rural, y en nombre de los productores independientes la firmé yo y la firmó Paulo Franciscangeli”.
El dirigente repasó la intensa jornada de protestas y reuniones: “Tuvimos a las diez de la mañana la reunión en el Concejo Deliberante. Se charló y se presentó una carta al Ejecutivo que pide información al municipio de hacia dónde van los fondos, en qué se gasta y cuánto se recauda”.
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Más tarde, la convocatoria continuó en la sede gremial con asesoramiento técnico y legal: “Tuvimos otra reunión en La Rural, en Casa de Campo, donde vino el abogado Pablo Abdón, con quien nos estamos asesorando, a disertar las estrategias en las cuales vamos a avanzar. La estrategia se basa en pedir toda la información y, cuando la tengamos, sentarnos a negociar con el municipio. La reunión fue todo un éxito porque hay más de cien productores comprometidos con la causa”.
Aunque el municipio cursó una invitación formal para instalar una mesa de negociación, los productores remarcaron que no rechazan el diálogo en sí, sino las “charlas a ciegas” sin sustento técnico.
Amparándose en los derechos consagrados por la Ley Provincial 12.475 de Acceso a la Información Pública y el artículo 38 de la Constitución bonaerense, el sector rural supeditó cualquier acercamiento a la entrega inmediata de información contable exhaustiva.
Para transparentar la situación y fundamentar cualquier eventual negociación tributaria, la entidad ruralista y los productores independientes exigieron de forma perentoria al municipio la entrega detallada de los siguientes puntos:
La estricta fiscalización iniciada por el campo surge tras detectar un severo incumplimiento de las metas fijadas en la propia documentación del municipio.
De acuerdo con el relevamiento oficial analizado por los ruralistas, durante el primer semestre de 2026 la comuna ejecutó menos del 50% de las obras previstas: sobre 300 km de caminos municipales programados solo se mantuvieron 150 km, en la red provincial dentro del partido apenas se atendieron 75 km sobre 150 km, se intervinieron 6 de 12 alcantarillas y solo se avanzó en 15 km de alteos sobre un plan de 30 km.
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La indignación de los hombres de campo radica en la desproporción entre la baja ejecución y los abultados ingresos fiscales.
Mientras el programa municipal de red vial cuenta con un presupuesto anual asignado de tan solo $554.614.148,42 para todo 2026, el municipio ya recaudó en los primeros seis meses la suma de $1.136.631.564,61 (compuesta por $400,5 millones de coparticipación del Inmobiliario Rural y $736 millones por la Tasa Vial local).
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Este excedente no volcado a la tierra alimenta las sospechas de un desvío sistemático de fondos para financiar rentas generales.
Ante esta realidad, los ruralistas propusieron encauzar las discusiones en la Comisión Asesora Local bajo el marco del Decreto 130/2007 y exigir el cumplimiento de la Ordenanza 4637, la cual obliga a afectar el 100% de la Tasa Vial a la conservación de los caminos.
Si la comuna no entrega la documentación requerida en los plazos establecidos, los ruralistas iniciarían acciones ante la Justicia mediante recursos de amparo e impugnaciones fiscales e impositivas.
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