El debate por la incorporación de la figura del “ecocidio” como delito en el Código Penal escaló en tensión y encendió las alarmas de toda la cadena agroindustrial argentina.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado en junio. Antes de que la iniciativa llegue al recinto de la Cámara Alta, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a marcar una “profunda preocupación”.
Para la entidad, que integra la mesa de enlace, una medida de esas características atentaría de manera directa contra la seguridad jurídica, la previsibilidad económica y el Estado de derecho.
Desde la institución ruralista, sostienen de manera enfática que la defensa y conservación del ambiente representan un objetivo irrenunciable y un compromiso de toda la comunidad.
No obstante, advierten que esa meta fundamental no puede utilizarse como pretexto para impulsar tipificaciones penales imprecisas, técnicamente deficientes y potencialmente incompatibles con la Constitución nacional.
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Para CRA, legislar bajo consignas mediáticas o presiones coyunturales solo introduce discrecionalidad, arbitrariedad y una severa conflictividad judicial en el desarrollo cotidiano de la economía.
Uno de los ejes centrales del reclamo radica en la marcada indeterminación con la que se redactaron las conductas punibles.
El proyecto introduce al Código Penal términos imprecisos como “daño ambiental irreversible”, “equidad intergeneracional” o “afectación multiecosistémica”, sin definir parámetros objetivos ni esquemas técnicos que le permitan a un ciudadano, productor o profesional saber con exactitud qué acción u omisión concreta puede transformarse en delito.
Esta indeterminación, aseguró CRA, “vulnera el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución, privando a la sociedad de una garantía esencial: la certeza respecto a los límites del poder sancionatorio del Estado”.
CRA alertó también que la iniciativa configura una “ley penal en blanco”, debido a que remite la delimitación definitiva de la infracción penal a lo que dispongan regulaciones nacionales, provinciales o incluso ordenanzas municipales.
De este modo, la legislación rompería con la igualdad ante la ley: una misma práctica productiva o extractiva podría resultar absolutamente lícita en una provincia y ser juzgada como delito penal con penas severas a pocos kilómetros de distancia, desarticulando la uniformidad sustancial que debe caracterizar al derecho penal en todo el territorio argentino.
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La preocupación, además, trasciende al ámbito estrictamente agropecuario. La entidad extendió su advertencia hacia toda la estructura económica del país, alertando que la falta de rigor técnico expone a sectores como la minería, la energía, la infraestructura, el transporte y la industria manufacturera.
Frente a penas desproporcionadas, directivos, técnicos, funcionarios y trabajadores podrían quedar sometidos a procesos penales por decisiones operativas adoptadas estrictamente dentro del marco de actividades reguladas y autorizadas por el propio Estado.
Por último, el comunicado rebate la premisa de que exista un “vacío legal” en la materia que justifique semejante reforma.
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La Argentina cuenta con un amplio entramado normativo integrado por la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos y múltiples legislaciones provinciales con mecanismos de prevención, reparación y sanción.
Para CRA, el verdadero desafío de las políticas públicas pasa por hacer cumplir eficazmente la legislación vigente con mejores controles e inversión, e instó a los senadores a revisar el texto de manera integral antes de avanzar con una iniciativa que atenta contra el desarrollo productivo y la libertad de trabajo.
El pronunciamiento contra el proyecto de ecocidio no fue el único eje abordado por la conducción de CRA en los últimos días.
En el marco de la Expo Rafaela, el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, puso el foco en la delicada coyuntura económica que atraviesa la lechería argentina y advirtió sobre la pérdida de rentabilidad que enfrenta el sector primario.
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“La actividad lechera atraviesa un año complejo. Los precios que recibe el productor permanecen deprimidos o prácticamente estancados, mientras los costos continúan aumentando”, señaló Castagnani durante la muestra santafesina.
Según explicó el dirigente, esta brecha entre ingresos y costos operativos obliga a los productores a extremar los márgenes de eficiencia para evitar el cierre de establecimientos.
Frente a este escenario adverso, el titular de la entidad gremial destacó la capacidad de adaptación de los productores locales para sostener los volúmenes de entrega.
“Los tamberos argentinos han demostrado una enorme capacidad de resiliencia. Hoy cada decisión productiva pasa por mejorar la eficiencia, incorporar tecnología, optimizar los procesos y producir cada vez mejor”, remarcó.
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Para finalizar, Castagnani insistió en que el fortalecimiento de la cadena láctea resulta indispensable para el desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales.
“Ese es el camino para sostener una actividad estratégica para el interior productivo”, concluyó el dirigente, reclamando señales de previsibilidad que acompañen el esfuerzo de inversión que realiza el sector.
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