En la madrugada del 25 de junio de 1989, María Soledad Opazo caminaba por las calles de la ciudad chilena de Talca tras haber estado en una fiesta familiar. Tenía 17 años, era madre de una beba de un año y vivía en la localidad de Cancha Rayada.
En algún momento del trayecto comenzó a correr. Algunos testigos dijeron haberla visto escapar y otros aseguraron haber escuchado que gritaba un nombre. Horas después, su cuerpo fue encontrado cerca del puente La Calchona: tenía más de 20 puñaladas.
El hallazgo dio inicio a una investigación que durante años apuntó contra tres jóvenes y terminó con un giro judicial que conmocionó al país.
En la noche de ese 24 de junio, María Soledad había participado de un cumpleaños en la casa de su suegra, donde también vivía junto a su pareja, Antonio “Toño” Arellano. Cerca de la 1:30 de la madrugada tuvo una discusión con él y salió del lugar.
Después comenzaron las versiones sobre sus últimos minutos con vida. Algunos vecinos dijeron haberla visto correr por la zona y otros aseguraron haber escuchado gritos. También hubo testimonios que mencionaron la presencia de un vehículo en las inmediaciones. Sin embargo, la joven nunca llegó a su casa.
A la mañana siguiente, funcionarios de Carabineros encontraron su cuerpo cerca del canal Baeza, a pocos metros del puente La Calchona.
María Soledad estaba desnuda y presentaba más de 20 heridas cortantes en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, los brazos y la zona genital. También tenía lesiones defensivas.
En un principio trascendió que había sido abusada, pero los informes de autopsia no encontraron elementos que permitieran confirmar esa hipótesis.
El crimen conmocionó a Chile y las fuerzas de seguridad comenzaron a buscar sospechosos entre distintos barrios de la ciudad de Talca.
La investigación avanzó a partir de rumores y testimonios que llevaron a detener a varias personas que luego fueron liberadas.
En ese contexto aparecieron los nombres de Víctor Eduardo Osses Conejeros, Juan Manuel Contreras San Martín y José Alfredo Soto Ruz. Los tres eran jóvenes de Talca y se conocían entre sí.
Osses tenía 17 años, vivía en la población Mantos del Río y conocía de vista a María Soledad porque era vecino de un primo de la adolescente. Contreras y Soto, ambos de 21 años, eran amigos de Osses.
La primera detención fue la de Osses, el 6 de julio de 1989, mientras trabajaba en tareas agrícolas en San Clemente. Dos días después, la Policía de Investigaciones detuvo también a Contreras y Soto. De esta manera, los tres quedaron vinculados a la causa por el homicidio de María Soledad y fueron interrogados por separado.
Los tres terminaron realizando confesiones en dependencias policiales. Con el tiempo denunciaron que habían sido sometidos a golpes, amenazas y presiones para admitir un crimen que aseguraban no haber cometido.
El 10 de julio de ese año fueron liberados, pero la investigación no terminó allí. El 19 de enero de 1990, seis meses después de las primeras detenciones, Osses, Contreras y Soto fueron nuevamente arrestados.
Según consta en el expediente que posteriormente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los tres volvieron a declarar en dependencias policiales sin abogados presentes. Esta vez fueron puestos a disposición del tribunal y ratificaron sus confesiones.
Sin embargo, cuando pudieron declarar ante la jueza sin la presencia de los policías, se retractaron y denunciaron nuevamente las torturas que, según dijeron, habían sufrido durante los interrogatorios. A pesar de ello, permanecieron detenidos y fueron llevados a juicio.
En marzo de 1994 llegó la primera sentencia. Juan Manuel Contreras y José Alfredo Soto fueron condenados a diez años de prisión, mientras que Víctor Osses recibió una pena de cinco años por el homicidio de María Soledad.
A pesar de ello, los tres continuaron sosteniendo que no habían participado del asesinato.
Por este motivo, la defensa apeló y el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Talca. El 19 de enero de 1995, el tribunal revocó las condenas y absolvió a los tres hombres: ya habían pasado alrededor de cinco años privados de su libertad.
Después de la absolución, los tres llevaron su reclamo hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y denunciaron las irregularidades sufridas durante la investigación, además del tiempo que habían permanecido presos.
En 2002, la CIDH aprobó un acuerdo de solución amistosa con el Estado chileno. Como parte de ese acuerdo se realizó un acto público de desagravio en Talca y se establecieron medidas de reparación para los tres hombres, entre ellas una pensión vitalicia y otras prestaciones.
Mientras tanto, la investigación por el asesinato de María Soledad continuó por otros caminos. Se analizaron distintas hipótesis, entre ellas la posible participación de jóvenes de familias acomodadas de Talca y personas pertenecientes al círculo cercano de la víctima. Pero ninguna de esas líneas permitió establecer judicialmente quién había cometido el crimen.
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Más de tres décadas después, el asesinato de María Soledad Opazo continúa sin una resolución definitiva. La causa tuvo condenas, absoluciones y una revisión internacional de las irregularidades cometidas durante el proceso, pero ninguna investigación posterior logró determinar quién fue responsable de su muerte.
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