El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional” , impulsado por el Gobierno y debatido en la Cámara de Diputados, genera fuertes críticas de organismos de Derechos Humanos y sectores de la oposición. La iniciativa busca endurecer las sanciones penales y económicas contra empresas extranjeras que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina, pero también introduce cambios profundos en las áreas de defensa, inteligencia y seguridad. El oficialismo pretende dictaminarlo la próxima semana y llevarlo al recinto el 21 de octubre.
Los cuestionamientos se centran especialmente en que el proyecto excedería la cuestión Malvinas y promovería una amplia reestructuración del sistema de seguridad nacional. Desde el CELS, Paula Litvachky advirtió que la propuesta podría consolidar un “Estado antiterrorista”, con mayor concentración de poder en el Ejecutivo, definiciones ambiguas sobre terrorismo y amenazas externas y restricciones a las libertades civiles. También cuestionó las facultades del futuro Consejo de Seguridad Nacional para aplicar sanciones urgentes y medidas preventivas sin los controles institucionales habituales.
La oposición, particularmente Unión por la Patria, considera que el proyecto funciona como un “caballo de troya” para modificar la política de defensa y seguridad interna. Su estrategia es intentar que el oficialismo limite la iniciativa a las sanciones relacionadas con la explotación de recursos en Malvinas y elimine el resto de las reformas. También fueron críticos representantes del CECIM y el exsecretario de Malvinas Daniel Filmus, quien advirtió que medidas como los protocolos de derribo de aeronaves, el hundimiento de buques y la preparación militar para operaciones no convencionales podrían favorecer la narrativa británica sobre una supuesta amenaza argentina.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto establece penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitaciones para responsables de empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina, crea un registro público de infractores y habilita el bloqueo de bienes y fondos. Además, crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente, con participación de funcionarios de áreas clave, que podrá coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia y disponer medidas extraordinarias ante amenazas consideradas graves e inminentes.
La iniciativa también amplía los delitos vinculados con terrorismo, espionaje, desinformación, interferencia electoral, violencia y sabotaje, restringe el financiamiento extranjero de partidos y campañas y permite la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna frente a determinadas amenazas externas. Organizaciones como FOPEA alertan que estas disposiciones podrían favorecer la persecución de la crítica y la autocensura, mientras que el Gobierno sostiene que buscan enfrentar operaciones de guerra informática y amenazas extranjeras. En conjunto, el debate enfrenta dos visiones: una que presenta el proyecto como una herramienta para proteger la soberanía y otra que advierte que sus facultades y definiciones amplias podrían ampliar excesivamente el poder estatal y restringir derechos.
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