Los rectores universitarios le reclamaron al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento: "Es insólito que no tengamos respuestas"

Los rectores de las universidades nacionales trasladaron este miércoles su reunión mensual en el Cabildo de Buenos Aires para reclamar que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario e incluya esos fondos en el proyecto de Presupuesto 2027 que se debatirá en el Congreso.“Transformamos esta reunión del comité ejecutivo en una especie de cabildo abierto en defensa de la universidad pública argentina para exigir el cumplimiento de la ley y en defensa de la institucionalidad”, remarcó el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, y agregó: “Realmente es insólito que hayamos llegado a este punto y todavía no tengamos respuestas”. El encuentro público de las universidades llegó luego de que el juez federal Martín Cormick declarara este martes la inconstitucionalidad del decreto con el que el Gobierno había frenado la Ley de Financiamiento y ordenara su aplicación inmediata. El Gobierno anunció poco después que apelará la decisión.En ese contexto, el organismo que nuclea a los rectores de 60 universidades nacionales del país cuestionó la política del Ejecutivo para con el sector y volvió a ratificar el llamado a movilizarse el próximo 15 de octubre en toda la Argentina para insistir con el reclamo.“Hay un ensañamiento Incomprensible del Gobierno nacional para con el sistema universitario y la ciencia del país. Una aspiración por mantenerse al margen de la ley”, dijo Bartolacci. Y señaló: “Hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando te gusta. Eso no es una democracia, es la ley de la selva y es nuestra responsabilidad resguardar nuestra institucionalidad”.En ese sentido, el rector de la Universidad de Rosario pidió a los presentes trabajar “a lo largo y ancho de la Argentina” para convocar a la sociedad, además de “sensibilizar” a los legisladores nacionales y gobernadores para que incluyan en el Presupuesto los fondos que necesitan las casas de estudio para funcionar.“Si no se escucha a las universidades, al Congreso, a la Justicia, que se escuche a la voz del pueblo de la nación para que nuestra comunidad pueda tener esos recursos mínimos e indispensables que necesita para que la universidad siga funcionando y aporte al país”, subrayó.Ese 15 de octubre será una jornada de alta conflictividad para el Gobierno. Además de la quinta marcha federal universitaria convocada por las casas de estudio, la oposición buscará sesionar en la Cámara de Diputados para derribar la derogación de la Ley de Tierras junto con todo el DNU 70/23 de Javier Milei.El reclamo de los rectores universitarios volvió a ganar impulso esta semana luego de que se conociera la decisión de la Justicia de declar inconstitucional el decreto del Presidente que frenó la aplicación de la ley de financiamiento y ordenó su inmediata aplicación.En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios.Además, el magistrado dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.Leé también: Ley de Tierras: con una nueva estrategia, LLA busca convencer a sus aliados de frenar la sesión impulsada por la oposiciónEl Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.Leé también: El Gobierno busca 16 votos en el Senado para eliminar las PASO: la negociación con la UCR, el PRO y los bloques provincialesCormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo.