Varios funcionarios de Estados Unidos viven con miedo por las amenazas anónimas que reciben

En enero, una persona empezó a dejar amenazas en los buzones de voz de algunos miembros del Congreso: “Quiero ver su garganta cortada de oreja a oreja”.Otra persona dejó una amenaza directa para un senador estadounidense: “Te voy a asesinar, y voy a empezar por tus hijos”.Un fiscal general estatal recibió esta misiva de tres palabras: “Bang, bang, bang”.Ocupar un cargo público en Estados Unidos es peligroso. Desde el gobierno estatal y local hasta el Congreso, un torrente interminable de amenazas violentas inunda los buzones, las oficinas, los correos de voz y los mensajes de texto de quienes gobiernan el país. Miles de servidores públicos viven, trabajan y, en las últimas semanas de la temporada electoral, hacen campaña en un estado de miedo.Y la situación está empeorando, dijeron los funcionarios en decenas de entrevistas.Una investigación de The New York Times que examinó cientos de registros obtenidos a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información, documentos judiciales y bitácoras policiales ha descubierto que, durante un periodo de dos años desde 2024 hasta agosto de este año, miles de amenazas violentas inundaron de formas sin precedentes las vidas de los funcionarios electos.Algunas amenazas eran vagas; otras, aterradoramente específicas. Prometían tortura, apuñalamientos, violación y asesinato. Se dirigían a republicanos y demócratas por igual, y a una variedad de funcionarios, desde secretarios de condado hasta senadores de Estados Unidos. Iban contra cónyuges, padres, hermanos e hijos.Al menos 44 gobernadores, así como su personal y familias, han sido objeto de amenazas violentas en los últimos dos años, según descubrió la investigación del Times. Eso también es cierto para al menos 70 de los 100 senadores del país, y al menos 185 miembros de la Cámara de Representantes, casi la mitad de sus integrantes. Más de la mitad de los secretarios de Estado del país, la mayoría de los cuales fungen como los principales funcionarios electorales de sus estados, han recibido amenazas de violencia.La violencia real también se disparó en ese periodo: los intentos de asesinato contra Donald Trump, el homicidio de Charlie Kirk, el asesinato de la líder legislativa Melissa Hortman y de su esposo en Minnesota, y el ataque con bombas incendiarias contra la casa del gobernador Josh Shapiro en Pensilvania. Para muchos funcionarios electos, esta escalada es un testimonio sombrío de la toxicidad de la retórica violenta y de cómo esta puede sacudir las instituciones democráticas del país.Las amenazas también han transformado vidas privadas. Decenas de funcionarios han fortificado sus casas, instalado cámaras y contratado guardias de seguridad privada, a menudo pagando de su propio bolsillo. Han cambiado sus rutinas cotidianas, cambiado a sus hijos de escuela y limitado sus compras del supermercado a determinados horarios y lugares. Han eliminado de internet información personal sobre ellos y sus seres queridos.Algunos de ellos han cambiado lo que dicen en público y, en casos raros, la manera en que gobiernan. Algunos, incluidos miembros del Congreso, han renunciado. A ambos partidos se les ha complicado reclutar candidatos, en especial mujeres.Y combatir las amenazas violentas contra funcionarios es una tarea difícil. La revisión que hizo el Times de los datos de los tribunales federales de los últimos dos años encontró solo 53 casos en los que se acusó a individuos de amenazar a funcionarios públicos, excluyendo al presidente.La imprecisión de las leyes estatales y federales, así como las protecciones a la libertad de expresión, pueden dificultar los procesos judiciales. Las cartas anónimas y los nombres de usuario pueden ser difíciles de rastrear. El simple volumen de las amenazas puede hacer que dar con los responsables sea prácticamente imposible.Esta nueva normalidad también puede medirse en dólares gastados. En el ciclo electoral 2017-2018, los candidatos a cargos federales gastaron aproximadamente 6 millones de dólares en artículos relacionados con la seguridad, según los registros de financiación de campañas. En el actual ciclo de elecciones de mitad de mandato, para el 1 de agosto los candidatos ya habían gastado al menos 25 millones de dólares, con el impulso final de las elecciones generales aún por venir. Eso excluye lo que muchos funcionarios gastan de sus propios bolsillos.Leé también: De trabajar en una cadena de comida rápida a espiar para Rusia: la historia del agente que terminó preso en UcraniaEn general, las amenazas contabilizadas por el Times probablemente sean cifras subestimadas; las leyes estatales y las políticas de comunicación prohíben que muchas oficinas revelen problemas de seguridad. Muchos miembros del Congreso dijeron en privado que es difícil imaginar que quede alguna oficina en el Capitolio que no haya recibido una amenaza violenta en esta década.La retórica es fomentada por el anonimato de internet, un panorama político polarizado y la opinión pública arraigada de que los políticos no están mejorando la vida de los estadounidenses. Entre quienes reciben amenazas hay figuras divisivas que han potenciado el tono cada vez más beligerante de la retórica política, así como otros que evitan el discurso incendiario pero son atacados por sus políticas, ideología o afiliación partidista.El representante Derrick Van Orden, un republicano de Wisconsin que busca la reelección el próximo mes, asistió al mitin “Stop the Steal” el 6 de enero de 2021, en apoyo a la falsa afirmación de Trump de que había ganado las elecciones de 2020. Van Orden estaba afuera del Capitolio de Estados Unidos ese día cuando una turba lo atacó, aunque ha negado haber entrado al edificio. Fue elegido para el Congreso en 2022.Ahí fue cuando empezaron las amenazas.“Fui un Navy SEAL por más de 22 años”, dijo Van Orden en una entrevista con el Times. “Cacé muchos terroristas por todo el mundo y fui muy exitoso en eso. Nunca tuve una sola amenaza hacia mi familia. Jamás”.Ahora, Van Orden viaja con personal de seguridad armado. Su familia, dijo, está “protegida las 24 horas del día”.Durante gran parte de su carrera política, Marjorie Taylor Greene, exrepresentante republicana por Georgia, se inmiscuyó en las batallas políticas más encarnizadas. Sus adversarios liberales decían que buscaba la controversia para elevar su perfil. Pero su rápido ascenso también tuvo un costo.Lo que comenzó como una avalancha de amenazas, principalmente de la izquierda, evolucionó hacia intimidaciones de la derecha también, después de la ruptura de Greene con Trump el otoño pasado.La disputa de Greene con el presidente se centró en gran medida en Jeffrey Epstein, el depredador sexual que terminó por suicidarse en la cárcel. Como muchos en la extrema derecha, Greene había presionado para que se divulgaran los archivos del gobierno relacionados con Epstein. Luego comenzó a hacer campaña directamente contra el presidente al que alguna vez había adulado, cuando su gobierno se negó a hacerlo.Su desilusión creció después de que Trump llevara al país a la guerra contra Irán. Ella creía que sus políticas arancelarias y el recorte de los subsidios de salud estaban perjudicando a sus electores en el noroeste rural de Georgia, dijo, y que ignoraban su promesa de poner a “Estados Unidos primero”.Su punto de quiebre llegó cuando el presidente la llamó “traidora”. Del torrente de amenazas que siguió, una destacó. Iba dirigida a su hijo.“Esa es la que me molesta a un nivel visceral”, dijo.Greene se comunicó con Trump, con la esperanza de recibir compasión de un presidente al que había apoyado durante años. Le reenvió copias de las amenazas, con la esperanza de que ver las amenazas contra su familia fuera suficiente para moderar los ataques.Obtuvo una respuesta de cinco palabras del presidente: “Tu culpa. Te lo mereces”.Semanas después, Greene anunció su retiro del Congreso.“Analicé cuáles son los riesgos y cuál es la recompensa”, dijo. “Y para mí, fue que no voy a ser tratada de esa manera, y no voy a permitir que amenacen las vidas de mis hijos”.Un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, no negó el contenido del mensaje de texto de Trump, pero dijo que el presidente condenaba la violencia política.“Habiendo sobrevivido a múltiples intentos de asesinato, y habiendo visto a su querido amigo Charlie ser asesinado el año pasado, nadie entiende los peligros de la violencia política más que el presidente Trump”, dijo, refiriéndose a Kirk.A menudo las mujeres son atacadas de forma más agresiva que los hombres, y son más difíciles de reclutar, dijo Greta Neubauer, la líder de la minoría demócrata en la Asamblea Estatal de Wisconsin. Las madres son más propensas a evitar riesgos para sí mismas y sus familias, dijo.Leé también: Le ofrecieron 40 millones de dólares por callar sobre Elon Musk, pero ella decidió hablar: “Él me empezó a seguir en Twitter”Si los posibles reclutas no mencionan los temores a la violencia por su cuenta, Neubauer lo hace. “Hay un nivel de riesgo que tú y tu familia tendrán que aceptar si eliges hacer esto”, dice habitualmente a los posibles candidatos. “Y queremos asegurarnos de que estés plenamente consciente de ello de antemano”.El gobernador Tim Walz, un demócrata de Minnesota, también estuvo a punto de dejar su cargo.Él se vio inundado de amenazas violentas después de que Kamala Harris, la entonces vicepresidenta, lo seleccionara como su compañero de fórmula en 2024. Pero fue el asesinato de dos amigos cercanos, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, en junio de 2025 lo que hizo que Walz cuestionara su determinación para seguir adelante.La tragedia también alteró la vida cotidiana de Walz. Su equipo de seguridad se mantenía en estado de alerta reforzada. Se sentía impotente ante la imposibilidad de proteger a los legisladores estatales que, tras perder a uno de los suyos, se sentían expuestos e inseguros.“Somos una legislatura de medio tiempo”, dijo Walz. “Estas personas regresan a casa y enseñan en escuelas, manejan sus negocios, son dentistas, son enfermeros, hacen muchas cosas. ¿Cómo los sigues durante los nueve meses en que no están aquí?”.La senadora Elissa Slotkin, exanalista de la CIA y exfuncionaria del Departamento de Defensa, había sido entrenada para lidiar con una variedad de “entornos de amenaza”.Su familia no. Así que cuando sus enemigos políticos comenzaron a atacar a sus padres, incluido su padre enfermo, Slotkin no pudo protegerlos de un sufrimiento que no habían buscado.En noviembre pasado, Slotkin, una demócrata por Míchigan, se unió a otras cinco personas en un video en el que les decía a los soldados estadounidenses que no tenían que seguir órdenes ilegales.El mensaje enfureció a Trump, quien lo describió como un “comportamiento sedicioso de traidores” y “punible con la muerte”. Los conservadores etiquetaron a los legisladores como “los seis sediciosos”. Las amenazas llovieron, en especial para Slotkin, quien había publicado el video en la plataforma de redes sociales X.La Policía del Capitolio asignó turnos las 24 horas para protegerla. Lo que no pudieron evitar: que la casa de sus padres fuera víctima de swatting (llamadas falsas a la policía) en medio de la noche. Su padre, que tenía 81 años en ese momento, se estaba muriendo de cáncer cuando alguien llamó a la policía local con un reporte falso de que un hombre estaba matando a su esposa en la dirección de la pareja.Los hermanos de la senadora pusieron equipos de seguridad frente a sus casas. Miembros de su personal dejaron temporalmente las suyas. Su padre murió unas semanas después de que la policía llegara a su puerta.“Yo me apunté a esto, pero mi familia y mi personal no”, dijo Slotkin.Las amenazas a la familia y al personal resultan más escalofriantes, dijeron varios funcionarios, y los impactos suelen ser más perturbadores.“Mi hija me acaba de enviar una ayer”, dijo Walz al Times, “donde alguien decía: ‘Espera a ver lo que te tengo preparado’, y luego una foto frente a la casa”.Van Orden mudó a su familia a otra casa debido a las amenazas violentas. “Sé exactamente lo que estas personas están intentando hacer”, dijo. “Amenazar a mi familia para que me vaya de la esfera pública, porque saben que amenazarme a mí no tiene ningún efecto en absoluto debido a mi historial”.Muchos funcionarios dicen que buscan un cargo público motivados por el deseo de mejorar el país para sus hijos y nietos. La avalancha de amenazas ha producido el efecto contrario: ha expulsado de la vida pública a personas comprometidas con el bien común, que buscan proteger a sus seres queridos de un mundo cada vez más tóxico.Carly Koppes, republicana y funcionaria electoral del condado en Colorado, vio un nuevo tipo de amenaza violenta después de que su embarazo se hizo público: mensajes dirigidos tanto a ella como a su hijo no nacido.Rodric Bray, el líder republicano del Senado de Indiana, atrajo críticos, pero rara vez amenazas, después de convertirse en una conocida figura de poder en Indianápolis… hasta que su cámara se opuso a la presión de Trump para eliminar los dos distritos congresionales demócratas restantes del estado.En medio de un titular tras otro sobre el desacuerdo al interior del partido, las amenazas de violencia abrumaron la sobria atmósfera política de la Cámara Estatal de Indiana. Bray se convirtió en el objetivo principal.Llamaban a su oficina para hacer amenazas de bomba. Amenazas de muerte, también. “Eran muy cortas”, dijo. “Solo decían: voy a ir ahí y te voy a matar”. Lo mismo ocurría con los mensajes sobre su casa. “Simplemente decían: ‘Se enviará una bomba por correo a tu casa’, o ‘Se ha colocado una bomba en tu casa’”.Bray dijo que se obligó a entrar en un estresante estado de alerta máxima. Cambió su rutina cotidiana. Habló con su familia sobre la necesidad de mantenerse “muy atentos” tanto dentro como fuera de la casa. Sus amigos mantenían vigilancia. Una vez, las fuerzas del orden notaron algo sospechoso en su patio, lo que alarmó a los vecinos y mantuvo a la familia alejada hasta que el área fue despejada.Koppes dijo que ella también cambió sus horarios y comenzó a tomar rutas diferentes para ir al trabajo después de enterarse de que algunas amenazas en su contra provenían de un hombre que vivía justo frente a su oficina. “Buen día Criminal de Guerra”, decía una. “Traidora culpable de traición y sedición; basura perdedora que rompe su juramento, deberías ser violada en grupo”.Leé también: ‘Impresionante’, ‘devastador’: OpenAI ha trastocado el mundo de las matemáticasShenna Bellows, demócrata y secretaria de Estado en Maine, y su esposo dejaron su casa después de que las fuerzas del orden le dijeron que no era seguro quedarse ahí. Bellows, la principal funcionaria electoral de Maine, había estado recibiendo amenazas al menos desde 2020, cuando Trump y sus aliados persuadieron a miles de sus simpatizantes, sin evidencia, de que las elecciones de ese año habían sido amañadas.Bellows fue víctima de swatting en 2023, un día después de haber eliminado a Trump de la boleta de las primarias presidenciales del estado en virtud de la cláusula de insurrección de la Constitución. Más tarde dio marcha atrás después de que un tribunal fallara en contra de una medida similar en Colorado, pero las amenazas siguieron llegando.En enero, alguien publicó en internet su número de teléfono celular y otros datos personales. Llovieron mensajes de texto y de voz amenazantes. Sus redes sociales se inundaron. “Shenna bellows, voy por ti”, escribió una persona, añadiendo insultos. “decapitada pronto”.Gina Hinojosa, integrante demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, estaba fuera del estado cuando un activista publicó en internet una foto de su casa. Ella instó a su familia a mudarse con parientes.“Fue una sensación de ser cazada”, dijo.Hinojosa, que ahora es candidata demócrata a gobernadora de Texas, ha instalado nuevas cercas y otras barreras en casa “para no ser tan fácilmente accesibles, no ser tan fácilmente vistos”.Los funcionarios también están comprando armas. Jennifer Johnson, una jueza de condado en la Florida rural, recientemente compró una y se inscribió en un curso sobre armas de fuego después de que circulara en línea un video animado de ella siendo asesinada.El equipo de seguridad se ha convertido en un gran gasto para los funcionarios públicos. Gran parte de ello se ha dado en el Capitolio, donde, tras los disturbios del 6 de enero, las amenazas de violencia se dispararon dramáticamente.J. Thomas Manger asumió el cargo de jefe de la Policía del Capitolio en 2021. Él incrementó su plantilla de investigadores a más del doble. Las oficinas fueron fortificadas y modernizadas. Los muebles fueron examinados y reorganizados. Las oficinas de distrito de todo el país fueron sometidas a evaluaciones de seguridad.El sargento de armas de la Cámara de Representantes, que supervisa la seguridad en esa cámara y ayuda a dirigir la Policía del Capitolio, gastó más de 28 millones de dólares en 2025, la segunda mayor cantidad en la historia reciente, según registros del Congreso.Entre los gastos: 1,8 millones de dólares en un sistema de alerta, y más de 200.000 dólares en un sistema de detección de disparos.Para cuando Manger se jubiló en mayo de 2025, el volumen de amenazas había empeorado, dijo.Una razón es lo difícil que es entablar acciones penales, lo que reduce el efecto disuasivo, dijo. Menos del 10 por ciento de los casos que investigó el equipo de Manger en 2021 derivaron en cargos penales, dijo.Parte de eso se debe a circunstancias atenuantes como la falta de antecedentes penales o problemas de salud mental. Otra parte obedece al uso de programas alternativos al proceso penal, como el asesoramiento psicológico.Hacer una amenaza es también un delito complicado de procesar. Las amenazas de muerte explícitas contra miembros del Congreso son ilegales, pero algunas no llegan a cruzar esa línea y se dictaminan como intimidantes, no explícitas.“A un miembro le enviaron por correo una fotografía, una fotografía física real, y era una fotografía de su, creo que era un hijo de 8 años, paseando a un perro por su vecindario”, dijo Manger. “Todo lo que decía era ‘qué lindo perro’”.Algunos funcionarios no controlan las arcas del gobierno. Los legisladores estatales, funcionarios electorales, miembros del concejo y funcionarios de la junta escolar a menudo tienen que valerse por sí mismos.Hinojosa dijo que casi cada medida de seguridad que ha tomado ha corrido por cuenta propia.Las amenazas han cambiado la forma en que los candidatos se postulan a un cargo. Los eventos al aire libre son cada vez menos frecuentes. Inspeccionar los espacios de los eventos es una parte habitual del trabajo de avanzada de la campaña. Los detectores de metales y los cateos son comunes. Muchos candidatos tienen a un funcionario de seguridad en su círculo íntimo.Tales medidas han hecho que los candidatos se sientan aislados; sin embargo, el público se ha dado cuenta.Para algunos, llega un momento en que no pueden más.Greene recordó que su riña con el presidente ocurrió poco después del asesinato de Kirk. Eso hizo que el posterior aluvión de amenazas fuera más personal y aterrador.“Dije: ¿sabes qué? Simplemente no vale la pena para mí en lo personal”, dijo. “Soy una persona muy feliz sin estar en el Congreso. De hecho, mucho más feliz. Y probablemente mucho más segura”.El Times presentó más de 100 solicitudes de acceso a la información pública para este proyecto y revisó miles de amenazas violentas enviadas por correo electrónico, notas escritas a mano, publicaciones en redes sociales, mensajes de voz y reportes policiales. El Times realizó más de 30 entrevistas con funcionarios electos actuales y anteriores, funcionarios de las fuerzas de seguridad, funcionarios electorales, expertos en seguridad y operadores políticos, y se comunicó individualmente con cada miembro del Congreso. El Times también utilizó inteligencia artificial para recopilar y filtrar miles de páginas de documentos judiciales. Cada caso fue revisado y confirmado manualmente por periodistas del Times.----Producido por Leo Dominguez, Jeffrey Furticella, Rebecca Halleck, Jacob Meschke y Rumsey Taylor.Nick Corasaniti es reportero del Times y cubre política nacional con énfasis en votaciones y elecciones.Haiyun Jiang es fotoperiodista del Times con sede en Washington.Producido por Leo Dominguez, Jeffrey Furticella, Rebecca Halleck, Jacob Meschke y Rumsey Taylor.