Procesaron al exjefe de ARSAT por presuntas coimas y contratos con sobreprecios: le fijaron un embargo de $3000 millones

La Justicia federal de San Isidro avanzó en una investigación por presunta corrupción en la empresa estatal ARSAT y procesó a Facundo Leal, quien estuvo al frente de la compañía durante las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. La resolución judicial lo señala como uno de los responsables de un mecanismo de contrataciones presuntamente direccionadas, sobreprecios y pago de sobornos a cambio de favorecer a una firma proveedora.El juez Lino Mirabelli dispuso, además, un embargo de $3000 millones sobre los bienes del exfuncionario. La investigación apunta a operaciones realizadas con Argentina Logistic Services (ALS), una empresa que durante cuatro años prestó servicios de transporte, movimiento de cargas y almacenamiento de equipos para la compañía estatal.La resolución también alcanzó a otros exintegrantes de la conducción de ARSAT y a empresarios vinculados con la firma privada. Los imputados quedaron procesados por distintos delitos relacionados con la administración fraudulenta de fondos públicos y el pago o cobro de coimas.El expediente comenzó en enero de 2024, cuando personal de ARSAT denunció el robo de elementos almacenados en un depósito de ALS, ubicado en San Fernando. De acuerdo con la presentación, habían sido sustraídos equipos guardados en 15 contenedores, con un perjuicio estimado en US$151.126 y casi $5 millones.Leé también: La trastienda de la sesión fallida en Diputados: las ausencias que dejaron a la oposición a ocho votos del quórumEntre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 ARSAT emitió 16 órdenes de compra a favor de ALS. Las operaciones se realizaron mediante contrataciones directas que no habrían cumplido con los requisitos internos correspondientes. La empresa estatal informó pagos a la proveedora por US$1.695.667 y $32,2 millones. El juez consideró esos desembolsos como parte del perjuicio económico investigado.Para Mirabelli, el procedimiento de comparación de precios habría sido una simulación. Entre los elementos valorados figura la creación de una cuenta de correo electrónico atribuida a un supuesto competidor, Tradelog. Además, otra de las ofertas habría sido presentada desde una dirección vinculada con los hermanos Diego y Gastón Padilla, directivos de ALS.Entre las pruebas incorporadas al expediente hay conversaciones que, para el juez, muestran cómo se habrían negociado las condiciones de los contratos y distribuido los pagos ilegales.La resolución también cita conversaciones de 2024 en las que se hace referencia a pagos por fuera de los registros formales. En uno de esos intercambios, Pando describió el negocio como una operación que se manejaba “parte en negro y parte en blanco”.En otro mensaje, fechado el 13 de junio de ese año, al referirse a los supuestos retornos de dinero, escribió: “Imaginate, aparte a Leal le dio tres meses y nunca más”.A partir de esos elementos, el juez sostuvo que Leal y otros dos exfuncionarios, Boschin y Pablo Pagani, habrían aceptado y recibido dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera.Durante su declaración indagatoria, Leal optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que negó haber intervenido en las contrataciones cuestionadas.En su descargo, afirmó que no existían documentos, correos electrónicos ni mensajes que lo vincularan con la maniobra. También sostuvo que, si alguien había mencionado su nombre en las conversaciones, eso no implicaba responsabilidad de su parte.El juez rechazó esa explicación al evaluar el contenido de los chats y las declaraciones testimoniales incorporadas a la causa.Según los testimonios de su chofer y de dos asistentes, Pando visitaba con frecuencia las oficinas de ARSAT y mantenía un vínculo cercano con Leal. El chofer también identificó a Diego Padilla como una persona que se reunía con el entonces funcionario en la sede de la compañía.