La crisis climática está cambiando el mapa de la economía mundial. Las tecnologías de la transición, tales como aerogeneradores, baterías y vehículos eléctricos, van a requerir grandes cantidades de minerales: litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras, entre otros. La expectativa de una demanda creciente es solo una parte de la historia. La producción y, sobre todo, el procesamiento de minerales se concentra hoy en pocos países: en 2025 el país que controlaba la mayor capacidad de procesamiento mineral por mineral tenía, en promedio, una participación del 72%, excluidas las tierras raras. China es ese país en casi todos los casos, excepto el níquel, dominado por Indonesia. La transición energética implica así una disputa geopolítica por el acceso y el control de los recursos.El boom minero asociado a la transición energética abre también una oportunidad para los países ricos en recursos, como la Argentina y otros países de la región. Pero la experiencia histórica muestra que producir y exportar más no garantiza per se diversificación productiva, empleos de calidad ni mayor bienestar. Convertir un recurso no renovable en desarrollo exige políticas que conecten la actividad minera con el resto del tejido productivo y que atienda a sus impactos ambientales y territoriales. Al mismo tiempo, Argentina debe aprovechar sus recursos para acelerar la transición hacia energías limpias en su propia matriz energética, no solo para no perder la carrera de las tecnologías emergentes, sino porque este es un objetivo ineludible en el contexto de la crisis climática. Leé también: Con exportaciones que podrían superar a US$100.000 millones este año, la Argentina busca recuperar terreno en el comercio mundialEstos procesos están impulsando nuevas regulaciones globales. Un estudio reciente de Fundar, la Base Global de Políticas Mineras y de Minerales Críticos, mapea ese panorama emergente: 733 iniciativas regulatorias que contienen 1754 instrumentos, adoptados por 38 jurisdicciones entre 2010 y mediados de 2025.El estudio muestra una aceleración de las regulaciones a partir de 2021. El propio término “minerales críticos” estaba prácticamente ausente antes de 2020. Fue puesta en agenda por los países desarrollados para promover una serie de iniciativas y acuerdos internacionales orientadas a garantizar su acceso a esos recursos.Otro hallazgo es que las economías del Norte implementan políticas de desarrollo productivo con similar frecuencia que las economías ricas en recursos del Sur. La diferencia no está en si hacen política productiva o no, sino en el tipo de política. Los primeros recurren a un menú amplio de políticas, que combinan acuerdos y planes estratégicos, incentivos, requisitos e inversión pública a lo largo de toda la cadena productiva, desde la extracción hasta las tecnologías finales. En Estados Unidos, la Inflation Reduction Act (2022) condicionó parte del crédito fiscal para la compra de autos eléctricos a que una proporción creciente de los minerales de sus baterías fuera extraída o procesada en Estados Unidos o en países con tratados de libre comercio. En la Unión Europea, la Critical Raw Materials Act (2024) fijó la meta de procesar dentro del bloque el 40% de su consumo anual de materias primas estratégicas para 2030.Leé también: Las exportaciones argentinas crecieron casi 50% en los últimos tres años por el impulso de la minería y la energíaLos países del Sur, en tanto, focalizan sus políticas en la actividad minera, y lo hacen sobre todo mediante exigencias o prohibiciones. Entre los ejemplos se cuentan la reserva de una cuota de litio a precios preferenciales para promover su industrialización en Chile, la participación estatal obligatoria del 15% en proyectos de extracción de bauxita y hierro en Guinea, y la prohibición de Indonesia de exportar níquel sin procesar.El estudio muestra que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implicó un salto cualitativo en el menú de políticas, por el cual los incentivos a la inversión pasaron a ser el 52% de los instrumentos del período. En Chile, en cambio, el 41% corresponde a requerimientos para los inversores y las empresas operadoras, y en Brasil el 55% fueron iniciativas o inversiones estatales orientadas a promover la diversificación productiva. La escala de esa apuesta se observa en la cartera de proyectos que se acogieron al régimen. Hasta octubre de 2026, doce proyectos mineros habían obtenido la aprobación formal del RIGI, con inversiones previstas por unos 21.200 millones de dólares. Varias iniciativas adicionales continúan en evaluación. Son inversiones previstas y aprobadas, no fondos ya desembolsados, pero que expresan un potencial significativo y el impacto de esa política.Pero los generosos incentivos contrastan con la debilidad de las condiciones orientadas a desarrollar capacidades productivas nacionales. El requisito de contratación de proveedores locales del 20%, sujeto a disponibilidad y precios internacionales, puede cumplirse durante la construcción. Y no se establecen metas comparables de aprendizaje tecnológico, formación de trabajadores o investigación y desarrollo.¿Implica esto que en Argentina no existen políticas productivas orientadas a la integración local de las operaciones mineras? La respuesta corta es: sí, existen, pero en una escala que puede frustrar ese objetivo. Las provincias, titulares de los recursos por mandato constitucional, promueven el empleo y el compre local. Estas políticas abren oportunidades para empresas y comunidades cercanas a los yacimientos. Pero comportan una paradoja: mientras establecen una fuerte preferencia a favor de las empresas radicadas en la provincia, son indiferentes entre un proveedor del cinturón industrial de, por ejemplo, Córdoba y uno ubicado en Guangzhou.A la que se suma otra: los grandes proyectos se concentran en la cordillera y el noroeste, mientras buena parte de las capacidades industriales se concentra en la zona centro del país. Si la demanda queda circunscrita por fronteras provinciales, muchas de las empresas con capacidades para ofrecer bienes y servicios más complejos van a quedar fuera de la expansión de la actividad minera.Leé también: Las exportaciones mineras sumaron más de US$4700 millones en el primer semestre y marcaron un récord históricoLos intentos recientes de articular instrumentos y proveedores de distinto nivel de complejidad, como los que llevan adelante la Mesa del Litio y el Consejo Federal de Inversiones, muestran que el problema está identificado. Pero todavía falta convertir esas iniciativas en una estrategia nacional. La pregunta decisiva no es únicamente cuantos proyectos mineros se van a desarrollar, sino cuántas capacidades productivas quedarán en la Argentina cuando esos proyectos estén funcionando. Para que el boom minero asociado a la transición energética se transforme en desarrollo, es necesario que la política de atracción de inversiones y la política productiva dejen de ser mundos separados. (*) Carlos Freytes es investigador principal de Desarrollo productivo de Fundar. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Northwestern y magíster en Ciencia Política y Sociología por FLACSO-Buenos Aires. Se desempeñó como profesor regular de la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Nacional de Hurlingham, y profesor visitante en varias universidades y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).
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