Tras el caso Christa Pike, solo uno de cada tres estadounidenses apoya un segundo intento de ejecución

Christa Pike, la reclusa de 50 años condenada a muerte en Tennessee, sobrevivió en septiembre a dos dosis del barbitúrico pentobarbital durante una inyección letal fallida en Nashville. El caso, sin precedentes modernos en Estados Unidos, colocó al país frente a una pregunta incómoda: ¿debe el Estado intentar ejecutar por segunda vez a alguien cuya primera ejecución fracasó? Una encuesta de Reuters/Ipsos difundida este martes ofrece una respuesta parcial: solo uno de cada tres estadounidenses respalda un segundo intento de ejecución. De los 1.679 adultos consultados, el 39% prefirió que el condenado cumpla cadena perpetua si el procedimiento no se concreta, mientras el 26% no supo definir una postura. El sondeo también confirmó una caída sostenida del apoyo a la pena de muerte: el 55% dijo estar a favor del castigo capital para los delitos más graves, ocho puntos menos que el 63% que registró la misma encuestadora en 2017. La mayoría de los estadounidenses no apoya un segundo intento de ejecución tras una inyección letal fallida Los números del sondeo, con un margen de error de dos puntos porcentuales, dejaron en minoría a quienes favorecen que el Estado repita el procedimiento. Pike permaneció inconsciente durante cinco jornadas tras recibir las dos dosis del fármaco y fue trasladada a un hospital con lesiones graves en los brazos. Tras ser dada de alta, recuperó la capacidad de hablar y caminar, aunque sus abogados confirmaron daños severos, quemaduras y pérdida de movilidad en sus brazos y manos por la colocación errónea de las vías intravenosas. “Es una vergüenza para el estado de Tennessee que, después de intentar matarla, tuvieran que brindarle atención médica que le salvara la vida”, declaró Corinna Barrett Lain, profesora de la Universidad de Richmond, en declaraciones recogidas por CNN. La ejecución de Pike ni siquiera fue la única frustrada en el estado este año: en mayo, las autoridades detuvieron la de Tony Carruthers tras no lograr el acceso intravenoso. La doble incriminación y la Octava Enmienda, los argumentos legales de la defensa de Christa Pike El equipo legal de Pike trabaja con dos líneas constitucionales. La primera apela a la prohibición de la doble incriminación: como el pentobarbital fue efectivamente inyectado, el castigo ya habría comenzado y no podría repetirse. “Cuando empiezan a administrarse las drogas, el castigo ha comenzado, y la doble incriminación se aplica cuando comienza el castigo”, explicó Austin Sarat, profesor del Amherst College, a CNN. La segunda invoca la Octava Enmienda, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Robert Dunham, director del Proyecto de Políticas sobre la Pena de Muerte, señaló que las implicaciones para la salud mental de Pike sugieren “un nivel elevado de ansiedad y terror” ante un segundo intento. El abogado Luke Ihnen advirtió en una audiencia en Nashville que “el estado no ha hecho ninguna promesa de que la Sra. Pike no vaya a ser ejecutada en el futuro” y solicitó la preservación de las pruebas. Por separado, su equipo pidió al gobernador Bill Lee que conmute la sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional. Los precedentes de Willie Francis y Romell Broom ante la Corte Suprema En 1946, Willie Francis, un joven de 16 años en Luisiana, sobrevivió a una ejecución en la silla eléctrica por un fallo mecánico. La Corte Suprema rechazó sus alegatos: “Los accidentes ocurren y nadie tiene la culpa”. Sin embargo, expertos coincidieron en que el caso de Pike difiere: sus abogados habían alertado que padecía trombocitosis y tenía venas de calibre reducido. “Lo que haya salido mal fue consecuencia de un mal funcionamiento del proceso. Eso no es casualidad”, afirmó Dunham en declaraciones a CNN. Otro antecedente es el de Romell Broom, cuya ejecución en Ohio fracasó en 2009 porque los funcionarios no lograron colocar la vía intravenosa. La Corte Suprema estatal permitió un segundo intento al determinar que el castigo no había comenzado, ya que los fármacos nunca fueron inyectados. Esa distinción juega a favor de Pike, dado que en su caso las drogas sí fueron administradas. Bill Lee, Marsha Blackburn y Jerri Green definen el futuro político de la pena de muerte en Tennessee Lee ordenó una revisión independiente del procedimiento y pospuso la última ejecución de su mandato, prevista para diciembre. Tiene la potestad de conmutar sentencias, pero no dio señales claras. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, el mandatario no ha concedido clemencia a ningún condenado a muerte durante su gestión, que termina en enero de 2027. Si Lee no actúa antes de dejar el cargo, el caso pasará a su sucesor, y las posturas de los candidatos son opuestas: la demócrata Jerri Green prometió una moratoria sobre las ejecuciones, mientras que la senadora republicana Marsha Blackburn escribió en X: “Que regrese la silla eléctrica y que se haga justicia rápidamente”. El caso Kenneth Smith en Alabama y la polémica por la ejecución de Nidal Hasan El precedente más cercano es el de Kenneth Smith, condenado en Alabama por un asesinato por encargo. Smith sobrevivió a un primer intento de ejecución en 2022, pero la Corte Suprema permitió que el estado fijara una nueva fecha. Alabama concretó la ejecución en 2024 con un método inédito: la asfixia por gas nitrógeno. La encuesta de Reuters/Ipsos también midió la opinión sobre la ejecución planeada por fusilamiento de Nidal Hasan, el exmilitar que mató a 13 personas en la base de Fort Hood, en Texas. El 46% de los encuestados consideró apropiado el fusilamiento, pero el 71% —con mayorías en ambos partidos— rechazó que las ejecuciones se transmitan por televisión o internet. La sentencia de muerte de Pike permanece vigente; nadie en Tennessee puede precisar hoy cuándo, cómo ni si se va a cumplir.