El Gobierno nacional promulgó dos leyes clave: la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud.
Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, pero su ejecución quedó postergada hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.
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La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:
A pesar de estas disposiciones, la aplicación de la ley queda condicionada a que el Congreso defina cómo se financiarán los gastos adicionales, tal como ocurre con la ley de emergencia pediátrica.
La Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias nacionales de salud por un año. Sus objetivos son:
Sin embargo, según el Decreto 760/2025, la ley queda suspendida hasta que el Congreso incluya partidas específicas en el presupuesto nacional, debido a que la actual situación financiera del Ministerio de Salud no permite afrontar el gasto sin afectar otros programas esenciales.
En la práctica, tanto universidades públicas como hospitales pediátricos deberán esperar la asignación presupuestaria antes de recibir los beneficios que las leyes establecen.
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