Miles de migrantes latinoamericanos permanecen bajo protección legal temporal en Estados Unidos en febrero de 2026, luego de que el gobierno federal sostuviera o modificara los permisos otorgados a ciudadanos de países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Las recientes disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y resoluciones judiciales federales definieron la continuidad, suspensión o cancelación de distintas designaciones del programa, afectando la situación migratoria y laboral de los beneficiarios.
La información oficial publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el propio DHS indica que las extensiones, cancelaciones y excepciones varían según la nacionalidad y la fecha de emisión del beneficio. Las autoridades federales han detallado los cambios, vigencias y alternativas legales vigentes en documentos oficiales y comunicados institucionales, en línea con la normativa migratoria estadounidense y los fallos recientes de tribunales federales.
El Estatus de Protección Temporal (TPS), establecido en 1990, constituye una figura migratoria excepcional para personas provenientes de países afectados por desastres naturales, conflictos armados o condiciones extraordinarias que impiden el retorno seguro. El programa se revisa periódicamente y depende de criterios técnicos, informes de organismos internacionales y la situación en cada país de origen, según el marco legal estadounidense.
Actualmente, solo El Salvador mantiene una designación de TPS plenamente activa entre los países latinoamericanos. Según la última notificación del DHS publicada en el Federal Register en enero de 2025, la protección para ciudadanos salvadoreños se extiende hasta el 9 de septiembre de 2026. Los beneficiarios pueden residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante ese periodo, de acuerdo con la página oficial del USCIS.
Para Honduras y Nicaragua, la situación presenta un escenario judicial abierto. El DHS anunció la cancelación del TPS para ambos países en 2025, estableciendo como fecha de finalización el 8 de septiembre de ese año. Sin embargo, el Tribunal Federal del Distrito Norte de California suspendió temporalmente la decisión el 31 de diciembre de 2025, permitiendo que los permisos y protecciones continúen en vigor mientras se resuelve el litigio, según la información disponible de la corte y del USCIS.
En el caso de Venezuela, las designaciones de TPS de 2021 y 2023 fueron canceladas en octubre y noviembre de 2025, siguiendo disposiciones administrativas y judiciales. El USCIS señala que la cancelación afectó a la mayoría de los beneficiarios, aunque persisten excepciones para quienes obtuvieron su Documento de Autorización de Empleo (EAD) antes de febrero de 2025 o gestionaron renovaciones dentro de los plazos establecidos.
El USCIS implementó extensiones automáticas para los permisos laborales vinculados al TPS en respuesta a los plazos de revisión y a la situación legal de cada país. En el caso de El Salvador, los documentos de autorización de empleo con fechas de vencimiento entre 2018 y 2025 se consideran válidos hasta el 9 de marzo de 2026, garantizando la continuidad laboral de los beneficiarios en tanto permanezca vigente la protección temporal, de acuerdo con el aviso oficial del DHS.
Para Honduras y Nicaragua, la validez de los permisos laborales también se encuentra extendida automáticamente mientras dure la suspensión judicial de la cancelación del TPS. El USCIS especifica que los documentos con vencimiento anterior a julio de 2025 permanecen activos, hasta que exista una resolución definitiva de la justicia federal.
En el caso de Venezuela, el USCIS aclara que quienes recibieron su EAD antes del 5 de febrero de 2025 y tienen como fecha de vencimiento el 2 de octubre de 2026 mantienen la autorización de empleo hasta ese día. Además, los solicitantes que gestionaron renovaciones antes del 6 de febrero de 2025 pueden acceder a extensiones automáticas de hasta 540 días, según los lineamientos publicados en el portal oficial de la agencia.
La finalización definitiva del TPS implica la pérdida de autorización para residir, trabajar y viajar legalmente en Estados Unidos bajo este programa. Según el USCIS, la cancelación no genera una expulsión inmediata, ya que los beneficiarios pueden explorar otras alternativas legales, siempre que cumplan los requisitos de elegibilidad individual.
Entre las opciones disponibles figuran:
El USCIS recomienda consultar fuentes oficiales y asesoría legal acreditada para evaluar cada caso de manera particular, en función de la fecha de ingreso, el historial migratorio y la situación actual del solicitante.
De acuerdo con cifras institucionales, el número de beneficiarios latinoamericanos del TPS supera los 300.000 en 2026, con El Salvador como el país con mayor cantidad de personas acogidas a este estatus migratorio. El impacto de las revisiones administrativas y judiciales ha reducido el número de personas protegidas de Venezuela, y mantiene en suspenso la situación de beneficiarios hondureños y nicaragüenses.
El USCIS publica actualizaciones periódicas sobre las cifras y los procedimientos vigentes, e informa sobre los plazos para renovación, los requisitos de elegibilidad y las fechas límite para realizar trámites migratorios vinculados al programa.
El DHS revisa las designaciones del TPS en función de informes técnicos, evaluaciones de seguridad y análisis humanitarios sobre la situación en los países de origen. La decisión de otorgar, extender o cancelar la protección temporal depende de la persistencia de condiciones extraordinarias, como guerras, desastres naturales o crisis institucionales, que imposibiliten el retorno seguro de los ciudadanos afectados.
El proceso de revisión incluye consultas a organismos internacionales y la publicación de avisos oficiales en el Federal Register, de acuerdo con la normativa estadounidense. El USCIS centraliza la recepción y proceso de solicitudes, y publica lineamientos actualizados para los beneficiarios en su sitio web institucional.
Las autoridades federales recomiendan a los beneficiarios del TPS consultar regularmente el sitio oficial del USCIS y el DHS para informarse sobre cambios, plazos y requisitos de renovación. El cumplimiento de los períodos de registro y la actualización de la información personal resultan fundamentales para conservar la protección y los permisos laborales vigentes.
El USCIS advierte sobre el riesgo de fraudes o asesorías no autorizadas, y sugiere recurrir solo a abogados acreditados o representantes legales reconocidos por el gobierno federal para la gestión de trámites migratorios.
Las resoluciones de tribunales federales han incidido directamente en la vigencia del TPS para Honduras y Nicaragua. El Tribunal Federal del Distrito Norte de California suspendió la cancelación de estos beneficios a fines de 2025, permitiendo que los migrantes protegidos por el programa mantengan sus permisos mientras se resuelve el litigio. El USCIS ha implementado extensiones automáticas y mantiene la vigencia de los documentos hasta que se dicte sentencia firme.
En el caso de Venezuela, las decisiones administrativas y judiciales dictadas entre octubre y noviembre de 2025 finalizaron la protección para la mayoría de los beneficiarios, aunque se mantienen excepciones para quienes cumplen los criterios específicos detallados en los comunicados oficiales.
La continuación, modificación o cancelación del TPS impacta directamente en la estabilidad migratoria, laboral y familiar de cientos de miles de ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos. Las autoridades federales y organizaciones de defensa de migrantes subrayan la importancia de mantenerse informados y cumplir los procedimientos establecidos, ya que la situación puede cambiar por nuevas decisiones administrativas o judiciales durante 2026.
Las próximas actualizaciones del DHS y el USCIS definirán la vigencia de los permisos y las alternativas legales disponibles para quienes pierdan la protección temporal, así como los requisitos para acceder a otras formas de regularización migratoria.
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