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Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

A lo largo de siete años, Marcela Carrasco realizó transferencias sobre las que la Justicia ha puesto el ojo, en medio de la investigación que busca seguir la ruta del dinero perdido por los ahorristas damnificados

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Después de la imputación en Uruguay de los tres socios principales de Conexión Ganadera, la investigación penal ahora avanza sobre personas cercanas a este fondo ganadero, que se encargaba de captar el dinero de inversores y a cambio pagaba una renta fija del 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

Hasta ahora hay tres personas imputadas. Pablo Carrasco era una de las dos caras visibles de Conexión Ganadera y fue imputado por la Justicia por estafa y lavado de activos y aguarda el juicio en prisión preventiva. Lo mismo sucede con su esposa, Ana Iewdiukow, que es acusada por los mismos delitos y fue enviada a prisión a otro centro penitenciario. Daniela Cabral, viuda del otro director, Gustavo Basso, es la tercera imputada, en este caso solo por estafa.

Esta semana comenzó la investigación sobre los hijos de los directores, quienes, según las defensas de los damnificados, tenían un rol activo en la megaestafa.

Marcela Carrasco declaró esta semana ante el fiscal, luego de que el Banco Central del Uruguay (BCU) remitió a la Fiscalía un informe con las transferencias que hizo Marcela Carrasco entre 2018 y 2025. En estos años se registraron 85 operaciones por un total de USD 15.893.591 desde bancos uruguayos hacia cuentas locales y del exterior.

Su declaración ante el fiscal Enrique Rodríguez se extendió durante tres horas y debió explicar varias de las transferencias que hizo entre 2018 y 2015, según informó La Diaria. En la exposición, Carrasco dijo que estos giros se enmarcan en su trabajo como empleada de la corredora de bolsa Puente. Dijo también que son apenas una parte de las que realizó desde la cuenta de la empresa, en la que tenía un cargo gerencial. Dijo que todo está certificado en auditorías.

Sobre ese tema Puente comunicó que ni su filial de Uruguay ni la de Paraguay jamás mantuvieron vínculo ni actividad de ningún tipo con Conexión Ganadera, ni con ninguno de sus directivos a título personal, ni con ninguno de los investigados en esta causa, que tampoco realizaron operaciones a través de la entidad. Con respecto a Marcela Carrasco, Puente aclaró que trabajó en la empresa entre enero de 2006 y abril de 2017, y entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021. Detalló que ella abrió una cuenta personal en Puente Paraguay, en 2018, con USD 5.000, y que la cerró el 18 de julio de 2019.

Además, Carrasco debió explicar qué rol tuvo en Fundación Sophia, que nuclea a una red de colegios católicos en el país. Allí trabajó la indagada entre noviembre de 2023 y enero de este año y renunció luego de que la institución fuera señalada como una eventual receptora de donaciones de realizadas por Conexión Ganadera.

Carrasco aclaró que el único vínculo que hubo entre la empresa y Conexión Ganadera fue el patrocinio de algunas actividades. Por ejemplo, la organización recibió publicidad de la marca de carne premium Stradivarius –que formaba parte de Conexión Ganadera– para auspiciar galas del Ballet del Sodre, que eran organizadas por la fundación. Fue en agosto de 2023, antes del ingreso de Carrasco a la fundación.

Respecto al vínculo con Conexión Ganadera, Carrasco contó que asesoró a la empresa en un proyecto de big data. Esa asesoría implicó la creación de un holding.

Según la crónica de El Observador, Carrasco dijo que le dio pena que se mencionara a empresas que no tenían nada que ver con Conexión Ganadera.

Carrasco también debió dar explicaciones por un apartamento comprado en Punta del Este, que había sido detectado en un informe de la Secretaría Antilavado del gobierno, que fue entregado a la Fiscalía en junio. La adquisición fue por USD 290.000. Además, el documento señalaba que en 2020 la mujer había vendido un inmueble en Montevideo por USD 132.000 y que en 2013 había comprado otro por USD 98.000. En febrero también adquirió un apartamento por USD 195.000.

Ante el fiscal Rodríguez, Carrasco explicó que estos bienes formaban parte de una “planificación sucesoria” que su padre quería hacer en vida para dejarle a sus hijos la herencia.

Agregó que cuando se dio la caída de la empresa, su padre decidió vender y parte del dinero fue depositado en el Juzgado de Crimen Organizado que sigue el caso. Ella aseguró que no se quedó con un peso.

Marcela Carrasco dijo que su voluntad es que todo el dinero de los damnificados vaya para ellos.

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